La publicación de la Ley 8/2013 de 26 de junio, ha incorporado el régimen sancionador para el incumplimiento de la obligación a los operadores del sector inmobiliario, tanto propietarios individuales o profesionales, como intermediarios o comercializadoras de incorporar a las ofertas (anuncios en cualquier medio) la Certificación de Eficiencia Energética de los Edificios. Todos responden del cumplimiento de la normativa, este régimen sancionador afecta a cualquiera que interviene en una transacción, incluso con la mera publicación de un anuncio comercial, en internet, el periódico o en los escaparates del local de una inmobiliaria.
En términos resumidos, es un requisito para la transacción de cualquier inmueble, sea vivienda, local o nave industrial, entregar al adquirente un Certificado que indique el nivel de Eficiencia Energética del bien transmitido. Este documento, expedido por un arquitecto o ingeniero habilitado para esta finalidad, debidamente legalizado ante la administración, determina, a través del análisis de sus características y de sus elementos arquitectónicos, hasta qué nivel es eficiente o no, incidiendo en los consumos energéticos que necesitará en su uso posterior.
El objetivo final que se persigue es conseguir que el adquirente por compra o alquiler incorpore en la toma de decisión el nivel de Eficiencia Energética del inmueble, que tendrá un coste final en su presupuesto futuro. De esta forma, se pretende que los operadores se preocupen de mejorar energéticamente los productos. De esta forma se irá mejorando la calidad del parque inmobiliario, con una reducción de consumos y necesidades energéticas globales. Desafortunadamente, en lugar de buscar estímulos positivos por el camino de dar ayudas a les acciones que mejoren la situación actual, se ha optado por el régimen sancionador para conseguir un objetivo, loable sin duda, pero que carga con nuevas obligaciones y costes un sector que sigue sufriendo una crisis y que está necesitado de estímulos y ayudas, no de más gastos.
